Veracruz Primer Lugar en Secuestros de Migrantes

Muy revelador resulta el informe especial que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de dar a conocer sobre las víctimas de secuestro y narraciones de hechos recabadas en perjuicio dela población migrante, luego de que las autoridades estatales han tratado de ocultar la verdad, aplicando la política de que “no sucede nada, no pasa nada en Veracruz”.

Ahora, gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos –porque la comisión estatal es hasta la fecha otra nulidad al respecto- que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional por el número de este tipo de ilícitos que se comenten, no solo por la delincuencia organizada, sino incluso por y con la protección de autoridades estatales y municipales.

Vale la pena reproducir lo que al respecto informa la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
“En un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, se documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron  11,333 víctimas. Esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante.

Durante  sus visitas de trabajo, personal de esta Comisión Nacional de los derechos humanos recabó  un total de 178 testimonios relativos a eventos de secuestro de migrantes, de los cuales 153 (86%)  corresponden a declaraciones ofrecidas por migrantes que fueron víctimas directas de este ilícito, mientras que Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México 25 (14%) atañen a narraciones ofrecidas por personas que atestiguaron los hechos delictivos.       

Es importante destacar que las cifras antes citadas podrían resultar superiores, pues la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que  se encuentra la población migrante impiden conocer de todos los eventos de secuestro que tuvieron lugar en ese periodo.

Los  estados en que se presentó el mayor número de eventos de secuestro, de acuerdo con los testimonios ofrecidos por víctimas y testigos, son Veracruz, seguido de los estados de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

De los 178  testimonios recabados por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el 8.9% de los casos, testigos y/o víctimas refieren la colusión de alguna autoridad en la comisión del delito de secuestro. Entre las más Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México frecuentemente aludidas se encuentran distintas corporaciones de policía municipal, personal del Instituto Nacional de Migración e Instituciones de  Seguridad pública estatal, así como la Policía Federal.

Desde el 15 de junio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un Informe Especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, en el que se establece que:
Por entidad federativa, los estados de Veracruz y Tabasco tienen las más altas cifras de migrantes secuestrados, 2,944 y 2,378, respectivamente, cantidades que sumadas representan 55% de los secuestros registrados durante esta investigación.

En cuanto al perfil de los secuestradores, en la inmensa mayoría de los casos las víctimas, 9,194 migrantes, fueron plagiadas por bandas organizadas; 35 por autoridades; y 56 por  delincuentes y autoridades.  En seis casos las víctimas fueron privadas de su libertad por un solo secuestrador, en tanto que en el caso de 467 migrantes no fue posible precisar esta información.

De estos datos se desprende que el secuestro de migrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada, que cuenta con redes y recursos para la comisión del ilícito. La participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado.

De estos 91 migrantes secuestrados, 59 dijeron que fueron secuestrados por policías, lo que deducen del hecho de que sus captores portaban uniformes o que se transportaban en  patrullas; en 16 casos, los migrantes precisaron que sus secuestradores eran policías estatales y en 12 casos que eran policías municipales; y en cuatro casos que vestían uniformes de camuflaje.

Muchos de los secuestros referidos en los testimonios de migrantes fueron cometidos por integrantes de corporaciones estatales de seguridad pública, lo que además de constituir una posible conducta delictiva y una violación a los derechos humanos implica una grave distorsión de la función pública, a lo que se suma la falta de sanciones administrativas y penales respectivas.

Del contenido de este informe especial se desprende que, respecto de los secuestros de migrantes, no existe una coordinación, ni siquiera básica, por parte de las autoridades responsables de la seguridad pública y de la persecución de los delitos, las que tienen la obligación de investigar los hechos y someterlos  al imperio del juzgador. Corresponde a estas autoridades tomar medidas acordes, dentro sus respectivas  facultades,  para luchar en contra de la impunidad que actualmente prevalece en perjuicio de los migrantes.
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